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Lonquimay: intendente Rogers procesado por el delito de trata de personas

24/12/15 – La Cámara Federal de Casación Penal volvió a procesar este miércoles al intendente de Lonquimay, Luis Rogers, por una acusación gravísima: ser integrante o cómplice de una banda que tenía un prostíbulo donde se explotaba sexualmente a mujeres. También procesó al comisario Carlos Alanís, según el fallo al que accedió Diario Textual.

 

 

 

 

Rogers y Alanís habían sido procesado por el delito de trata de personas por la jueza subrogante Iara Silvestre. A fines de noviembre del año pasado, la Cámara Federal de Apelaciones revocó esos procesamientos.

 

 

 

 

Luego, el fiscal federal coordinador de Bahía Blanca, Alejandro Cantaro, presentó un recurso de queja a la Cámara Federal de Casación. Pidió que nuevamente sean acusados porque, a su criterio, son cómplices de una red que explotaba sexualmente a mujeres en un prostíbulo. Ahora la Cámara de Casación revocó esos sobreseimientos y los volvió a procesar.

 

 

 

 

En esta causa también están acusados el dueño del local nocturno Good Nigth,Carlos Fernández, entre otros cómplices.

 

 

 

 

 

Los jueces de Casación Penal cuestionaron hoy a sus pares de la Cámara Federal de Bahía Blanca, que los había sobreseído: dijeron que, en esa resolución, no tuvieron suficientes argumentos.

 

 

 

 

 

“Corresponde aplicar la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto a que no puede haber una declaración de nulidad en el solo interés de la ley, desde que las formas procesales no constituyen un fin en sí mismas, sino que debe demostrarse el perjuicio sufrido en cuyo favor se dictan; circunstancia que no ha sido puesta de relieve en la resolución recurrida”, sostuvieron los jueces de la Cámara de Casación Penal.

 

 

 

 

 

“El pronunciamiento dictado por la Cámara Federal de Bahía Blanca, en este punto,luce carente de fundamentación, por lo que corresponde hacer lugar al planteo de la defensa y revocar la nulidad dictada”, dijeron.

 

 

 

 

 

“Se presenta arbitraria y carente fundamentación en tanto la Alzada se ciñó a formular diversas afirmaciones de carácter dogmático, sin analizar los elementos probatorios reunidos hasta el  momento en autos ni profundizar en la valoraciones de los mismos, tarea que resultaba imprescindible a fin de dotar de la debida motivación al cambio de temperamento adoptado.”, dijeron.

 

 

 

 

Esta causa se inició luego del revuelo que generaran unas declaraciones de Rogers, cuando salió a avisar por los medios de comunicación que vetaría cualquier ordenanza que prohibiera los locales nocturnos donde se prostituían a mujeres. “Es un lugar de contención espiritual”, llegó a decir. “Es un lugar de contención, mucha gente que está sola, lejos de sus domicilios, busca pasar un rato de esparcimiento”. El jefe comunal dijo que no encontraba motivos para cerrar el prostíbulo, aun contando con denuncias del INADI y de la Secretaría de Derechos Humanos de La Pampa.

 

 

 

 

 

Una de las víctimas contó que en Good Night las mujeres estaban privadas de su libertad, no podían salir del lugar, ni disponer de la totalidad del dinero.

 

 

 

 

 

Una de ellas, incluso, declaró que aún estando enferma, no pudo recibir asistencia, ni medicamentos y que el dueño del lugar le dijo que “no le importaba, que ella tenía que hacer plata”.

 

 

 

 

 

Otra mujer afirmó que había un fuerte vinculo entre Fernandez, el dueño del local nocturno, el intendente y el subcomisario Alanís.

 

 

 

 

Según se constató, en Good Nigth trabajaban varias mujeres oriundas de distintas localidades que, de acuerdo a sus propias manifestaciones, se encontraban en precarias situaciones económicas. “Así, de los diversos testimonios efectuados por las víctimas durante la instrucción, se pudo establecer la presencia de cuatro patrones comunes: la juventud de las víctimas, la procedencia de familias con escasos recursos, alejadas de sus afectos primarios, con una necesidad de dinero para sostener a sus familias y el sometimiento a una actividad estigmatizante; características todas estas que aluden a la ‘situación de vulnerabilidad’ en la que las víctimas se encontraban al momento de los hechos y de la cual se habría valido y abusado el dueño del local Good Night para la comisión del delito investigado”, explicaron los jueces.

 

 

 

 

 

“Se consideró probado que Carlos Fernández acogía y trasladaba a mujeres mayores de dieciocho años, provenientes de las provincias de Salta y Tucumán, con el fin de obtener un rédito económico”, recordaron.

 

 

 

 

 

“En virtud de los elementos probatorios reunidos hasta el momento, la juez de primera instancia consideró, además, que se encontraba corroborado, con el grado de certeza exigido por esta etapa procesal, la participación en los hechos investigados de las autoridades de la localidad de Lonquimay; específicamente: la participación en el delito investigado de Luis Enrique Rogers, en su calidad de intendente, y del comisario, Carlos Adrián Alanis”.

 

 

 

 

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