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Histórico: la Corte Suprema fijó un caudal mínimo de 3,2m3/s para el río Atuel

Además, estableció un plazo de 90 días para establecer obras y acciones que garanticen la decisión. El fallo salió con por el voto de mayoría de Highton de Nolasco, Maqueda, Lorenzetti y Rosatti, mientras que Rosenkrantz adhirió pero con obervaciones.

El gobernador Sergio Ziliotto anunció este jueves que la Corte Suprema de Justicia de la Nación fijó, en un fallo histórico, un caudal inicial mínimo permanente de 3,2m3/s en el ingreso del río Atuel a La Pampa.

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario pampeano dijo que se trata de “un paso trascendental para recuperar nuestro río Atuel”.

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Además, adelantó que el máximo organismo judicial del país “ordena acciones y obras, a determinar en 90 días, para garantizar dicha escorrentía. Caso contrario, la CSJN resolverá”.

La Corte también instó a “crear el Organismo de Cuenca que se denominará la Comisión Interjurisdiccional del Río Atuel (CIRA), como siempre lo solicitamos desde La Pampa”, resaltó Ziliotto.

“El máximo tribunal reconoce el daño ambiental, elemento clave de nuestro reclamo. Logro de la sociedad pampeana y de la perseverancia de sus  dirigentes”, remarcó el mandatario, citando al exgobernador Carlos Verna.

La resolución de la Corte es trascendental, después de siete décadas de manejo unilateral de las aguas por parte de Mendoza y que ahora deberá garantizar un caudal mínimo para intentar recomponer el daño ambiental provocado en el oeste pampeano.

Mendoza había propuesto 1,3 m3/s de caudal, mientras que La Pampa pedía 3,4 m3/s en una etapa incial, para pasar a 4,5 m3/s en el lapso de un año.

“El caudal fijado es una meta interina, tomado como un instrumento de posible cese del daño ambiental. Recurre así la Corte al Principio Ambiental de Progresividad, que tiene en cuenta el alcance gradual de objetivos, para lo cual se deben establecer metas interinas y metas finales. Al perseguirse en el caso una recomposición natural del ecosistema no puede conocerse anticipadamente el tiempo necesario para alcanzarla”, destacaron desde el Gobierno pampeano en un comunicado oficial.

Allí, remarcan que el caudal de 3,2 m3/s “sea monitoreado por un programa que deberán fijar las partes con el fin de evaluar si cumple con los requerimientos mínimos del hábitat en el mantenimiento de la biótica, salinidad y niveles freáticos”, según el fallo.

Así la Corte Suprema expresamente establece que el caudal fijado es solo una meta interina, es un paso más en la lucha de todos los pampeanos, un puntapié inicial en la recuperación del ambiente. Para la meta final deberá determinarse en forma definitiva el caudal hídrico apto para la recomposición del noroeste pampeano”, subrayaron.

Según lo dispuesto, la Comisión Interjurisdiccional del Rio Atuel (CIRA) servirá para reemplazar a la actual CIAI “dando así respuesta a los pedidos de la provincia de La Pampa en cuanto a la necesidad de otorgar al órgano de cuenca mayores facultades y fortalecerlo institucionalmente”.

“En el marco de este organismo integrado por ambas provincias y la Nación, (la Corte) ordena un nuevo proceso de concertación a fin que se determinen, en un plazo de 90 días, las acciones y obras necesarias para alcanzar el caudal fijado. Caso contrario, la Corte definirá el curso de acción a seguir”, remarcaron en el parte oficial.

El fallo en detalle.

El Tribunal precisó que ese es el caudal recomendado por el Instituto Nacional del Agua (INA) como instrumento de posible cese del daño ambiental ocasionado por la falta de escurrimiento del río Atuel en territorio pampeano.

El voto mayoritario suscripto por los jueces Highton de Nolasco, Maqueda, Lorenzetti y Rosatti (Rosenkrantz adhirió pero con observaciones) empezó por destacar que las jurisdicciones no habían arribado a una solución sobre el punto, razón por la cual correspondía que el Tribunal definiera el curso de acción a seguir, de acuerdo a lo establecido en su pronunciamiento del 22 de mayo de 2018.

Resaltó que los términos de la cláusula ambiental de la Constitución Nacional “permiten afirmar la existencia de deberes positivos en cabeza de los particulares y del Estado para la defensa del derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano”.

Precisó que estos deberes se desarrollan en la Ley General del Ambiente y en el Código Civil y Comercial de la Nación de modo coherente, tanto en el ámbito público como privado.

En consideración de los mandatos constitucionales y legales señalados, el Tribunal recordó que el punto de partida del presente conflicto “deviene de la disminución de la oferta y, a su vez, del aumento de la demanda de agua del Río Atuel”.

“Ese recurso debe también ser destinado a la conservación del ecosistema interprovincial, para que mantenga su sustentabilidad, todo ello sin perder de vista el interés de las generaciones futuras, cuyo derecho a gozar del ambiente está protegido por el derecho vigente”, remarcaron.

Por eso los jueces marcaron “la importancia de arribar a una solución del conflicto de modo gradual, en los términos del principio de progresividad, especialmente aplicable al caso en la medida en que, al perseguirse una recomposición natural o pasiva del ecosistema afectado en el noroeste de la Provincia de La Pampa, no es posible conocer anticipadamente el tiempo necesario para alcanzarla, ya que dependerá de la capacidad de auto-regeneración del ecosistema”.

Sobre el nuevo organismo de cuenca, la Corte resolvió instar a La Pampa y Mendoza al “fortalecimiento institucional” del mismo integrando al Estado Nacional, “a cuyo fin deberán considerar la propuesta realizada por la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica de la Nación para la conformación de la Comisión Interjurisdiccional del Río Atuel (CIRA), en reemplazo de la actual Comisión”.

Qué dijo Rosenkrantz.

Carlos Rosenkrantz, en voto concurrente, adhirió a los puntos resolutivos del voto de la mayoría. Entendió que esta resolución “resguarda la libertad de negociación reconocida a las partes dado que se toma luego de transcurrido un tiempo razonable sin que las partes hubieren arribado a un acuerdo en relación con la problemática del río Atuel”.

Por eso, el juez consideró oportuno que el Tribunal establezca “cuál ha de ser la magnitud del caudal mínimo que funcionará como un objetivo que podrá alcanzarse gradualmente o en etapas, mediante la realización de las obras que resulten necesarias según lo acuerden las partes o, en caso de que no existiera acuerdo, en el futuro lo decida la Corte”.

También coincidió en que corresponde seguir la propuesta de los organismos técnicos del Estado Nacional “pues, entre otras razones, fue aceptada subsidiariamente por la provincia de Mendoza”, y destacó que es importante tener presente que el ritmo de avance del caudal real hasta llegar a los 3.2 m3/seg. que se establecen como caudal mínimo “es una cuestión que se mantiene abierta y dependerá del acuerdo a que lleguen las partes sobre la definición de las obras necesarias, la distribución de los costos entre ellas, los plazos y etapas de realización y el correspondiente programa de monitoreo”.

Por último, aclaró que adhirió a instar a las provincias de La Pampa y Mendoza a que consideren la propuesta de reestructuración del actual Comité Interprovincial del Atuel Inferior en razón de considerar que ello “no podía ser entendido como un avasallamiento de sus respectivas autonomías provinciales”.

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