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Abusos en 25 de Mayo: definen el pedido de absolución

La fecha para una nueva sentencia está fijada para el 30 de septiembre. Pero el abogado defensor de los docentes, Omar Gebruers, sostuvo que están vencidos los plazos razonables de un proceso judicial y solicitó la absolución antes de llegar a esa instancia.

El Superior Tribunal de Justicia define este martes el pedido de absolución de los docentes acusados de abuso sexual en el jardín de infantes de 25 de Mayo, presentado por el abogado defensor Omar Gebruers.

Gebruers hizo la presentación con ese pedido el miércoles de la semana pasada por la demora de la Justicia en dictar una sentencia. El abogado pretende que se dicte la absolución por la prolongación del proceso a tres semanas de la fecha fijada para un nuevo veredicto, el próximo 30 de septiembre.

Ese día. una sala del TIP, integrada por los jueces subrogantes Carlos Ordás y Marcelo Chapalcaz, tiene previsto leer la nueva sentencia que ordenó el Superior Tribunal de Justicia, luego de anular la condena del tribunal que llevó adelante el juicio.

Los abusos fueron denunciados en el año 2015. Gebruers planteó que pasaron cinco años y medio del hecho y el código penal establece que los procesos judiciales no deben extenderse más allá de los cuatro años. “Planteamos la absolución por insubsistencia, un proceso judicial no puede durar indefinidamente”, explicó el abogado a El Diario.

Gebruers también planteó que los plazos que tenía la sala que dictará una segunda sentencia también se vencieron. “Recibieron la causa el 4 de diciembre y tenían 20 días para dictar sentencia. Eso ya se venció”, añadió el letrado.

Una sala del STJ, conformada en forma especial por las juezas María Elena Gregoire y María Eugenia Schijvarger (los miembors del tribunal original ya intervinieron todos), deberá decidir este martes la suerte del recurso que pretende la absolución.

Los docentes acusados aguardan la sentencia en libertad. Cabe recordar que, en su momento, en su fallo, la Sala B del Superior Tribunal de Justicia -integrada por Fabricio Losi y Elena Fresco- declaró inválida la sentencia condenatoria “por existir arbitrariedad en los términos de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación” y le ordenó al Tribunal de Impugnación Penal que, con una integración diferente, dicte un nuevo fallo “a la mayor brevedad posible”.

Posteriormente la Justicia logró conformar la integración del TIP que dictará el nuevo fallo y lo hizo con la designación de los jueces de Control Carlos Matías Chapalcaz y Carlos René Ordás, quienes dictarán la nueva sentencia.

Los docentes que fueron condenados en el juicio por los supuestos abusos sexuales, el 1 de febrero de 2017, son Marcelo Tatavitto Roade, Gabriela Angélica Bastías y Oscar Aníbal López, mientras que María José Tello había sido condenada por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Tatavitto había sido condenado a 18 años de prisión por abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por haber provocado un grave daño en la salud mental de un menor; abuso sexual gravemente ultrajante en perjuicio de otro niño; y por su participación en el abuso sexual gravemente ultrajante de un tercer menor.

López y Bastías recibieron penas de siete años de prisión por abuso sexual gravemente ultrajante en perjuicio de uno de esos tres alumnos. Tello, tres años y seis meses de prisión y siete de inhabilitación especial para desempeñar cargos públicos, por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El mismo fallo del Tribunal de Audiencia que llevó a cabo el juicio había absuelto a Tatavitto y Tello por el beneficio de la duda en otros tres casos.

El 19 de mayo de ese año, la Sala B del Tribunal de Impugnación Penal, integrada por los jueces Mauricio Piombi y Fernando Rivarola, confirmó el fallo de primera instancia y las defensas fueron en Casación al STJ.

Horas antes de la llegada del año 2018, el STJ nulificó el fallo condenatorio, ordenó que otros jueces del TIP dicten un nuevo fallo y liberó a los que estaban en prisión aunque les ordenó fijar domicilio en Santa Rosa, presentarse cada 20 días en la Oficina Judicial, no salir del país, abstenerse de contactarse con las víctimas y acercarse a menos de 500 metros del colegio.

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