Juicio a Bravo: una acusada cambió de defensor
Una de las acusadas cambio de abogado defensor y, por eso, la audiencia de este viernes en el juicio al ex-intendente de 25 de Mayo, David «Sapo» Bravo, por un delito relacionado a la trata de personas, se limitó a la simple formalización de ese trámite. El nuevo abogado de Nurys Carballo Castillo, que dejó la defensa oficial y puso en esa función a Juan Carlos de la Vega, hizo uso de la facultad de pedir la suspensión del juicio por tres días, para ponerse al tanto del expediente.
El próximo miércoles 30 se reanuda el debate. Cabe recordar que el pasado 4 de noviembre se inició el juicio en el cual el ex-intendente está acusado porque no dispuso ninguna medida para procurar el cierre del cabaret «Venus» luego de que se dictase una ordenanza en 2010 que prohibía la actividad.
Bravo se sentó nuevamente en el banquillo de los acusados por un delito de trata de personas con fines de explotación sexual. Ya purgó una condena por ese delito. En la primera audiencia del debate, prefirió no declarar.
Lo mismo hizo el ex comisario Miguel Angel Oyarce, también imputado en el marco de una causa por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, de incumplimiento de deberes de funcionario público y encubrimiento, respectivamente, por haber facilitado aquél delito en un local que, con los nombres de «Venus» y «Karibian», funcionó como prostíbulo al menos entre enero de 2011 y octubre de 2012.
Declararán alrededor de 70 testigos. El abogado santarroseño Gastón Gómez defiende al exintendente.
En la misma causa el fiscal también acusó a Nurys Caraballo Castillo, una mujer de nacionalidad dominicana, y a su hijo, José Luis Carpio Caraballo, por el delito de trata de personas en la modalidad de acogimiento de mujeres mayores de dieciocho años de edad mediando abuso de una situación de vulnerabilidad, con la finalidad de explotación mediante el facilitamiento y obtención de provecho económico de su comercio sexual. Madre e hijo fueron sindicada y sindicado como dueña y administrador del local. La mujer se negó a declarar. Su hijo no participa del juicio: está prófugo.
En la primera audiencia declaró el comisario. Fernando Rossi, que encabezó los allanamientos al cabaret Venus. Contó que encontraron a un hombre y una mujer manteniendo relaciones sexuales y que el local funcionaba como un cabaret, con alternadoras, música y tragos.
Bravo cumplió con una condena del año 2013 a siete meses de prisión en suspenso y 14 meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos por el delito de abuso de autoridad. Fue por la habilitación irregular del cabaret «El Rancho» donde «se cometieron graves delitos».
La condena al ex-intendente fue confirmada en 2016 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en una causa que fue un coletazo de otra más grave. La Justicia Federal había condenado en 2010 a Omar Javier Ulrich, dueño del cabaret «El Rancho», a cuatro años de prisión por el delito de «acogimiento o recepción de mujeres mayores de 18 años, mediando abuso de una situación de vulnerabilidad, agravado por haberse cometido en perjuicio de más de tres víctimas. Fue la primera condena por trata de personas de La Pampa.
Bravo aguarda otro juicio oral en la justicia provincial. Está imputado por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público en concurso ideal con peculado. El actual concejal por el Movimiento Popular Veinticinqueño había sido denunciado por tres concejales de la oposición, en 2012, por desvío de fondos.
