La Pampa acude a la Corte por otro dique mendocino

Mientras La Pampa evalúa la mejor estrategia para presentar otro reclamo judicial contra Mendoza, esta vez por la construcción del dique El Baqueano sobre el río Diamante, el gobernador Rodolfo Suárez informó ayer que «la zona ya fue visitada por seis empresas interesadas en la licitación de los estudios geológicos» para ese proyecto.
«Invertir en hidroelectricidad es una oportunidad para impulsar nuestra economía y generar empleo genuino. Por eso avanzamos con los procesos en torno al dique El Baqueano» agregó el mandatario.
La recorrida fue coordinada por Pablo Magistocchi y Luis Lemos, de la Empresa Mendocina de Energía (Emesa), y participaron representantes de las empresas Barbagelata Ingeniería, Knight Piesold Consulting, Ingeniería de Suelos, Consorcio Lande- Proinsa, Hidrotec y Derberg.

«La visita fue posible tras un trabajo de reparación de caminos realizada por Vialidad Provincial, que además de abrir y trazar nuevas rutas reconstruye un túnel de 500 metros que estaba desmoronado», contaron desde el entorno de Suárez.
Esta obra, proyectada desde los años ’80, costaría unos 500 millones de dólares y se construirá «con los ingresos que devengará Portezuelo del Viento cuando la energía producida genere ganancias», explicó Suárez.

La presa se levantará sobre el río Diamante, entre Agua del Toro y Los Reyunos, cerca de San Rafael, y permitirá generar 140 MW (lo mismo que produce Potrerillos) y aportar casi 400 MW anuales al Sistema Argentino de Interconexión (SADI). Mendoza ya destinó 40 millones de pesos en su presupuesto 2021 para avanzar con los estudios previos a la licitación, programada para 2023. Según su plan, la construcción se iniciaría en 2026 y finalizaría en 2030.
El Diamante forma parte de la cuenca hidrográfica del Desaguadero, junto a los ríos Atuel, Mendoza, Tunuyán y San Juan, aunque hace años que su caudal resulta insuficiente para llegar hasta ese curso.

La Pampa demanda.
«Contra Mendoza tenemos varios frentes abiertos y seguimos analizando la cuestión de El Baqueano junto a los especialistas de la UNLPam, para ver qué vía corresponde: si presentar un amparo, incluir esta cuestión en la causa por el comité de cuenca o iniciar directamente otra demanda judicial», explicó Romina Schmidt, fiscal de Estado de La Pampa.
En marzo de este año, nuestra provincia reactivó un trámite abierto ante el máximo tribunal para conformar el comité de cuenca del río Desaguadero, proceso iniciado en 2016 mediante un amparo que la Corte transformó después en un juicio ordinario.
«Ya notificamos a las provincias afectadas a través de los respectivos juzgados provinciales. La Corte esperará que todas respondan el requerimiento y luego decidirá qué camino tomar: si llamar a audiencia de conciliación, convocar a una audiencia pública, pedir informes, pedir pruebas o directamente resolver».

Criterio.
La causa se tramita como un proceso ambiental y como la Corte no está regida por ningún código procesal «seguirá el criterio que considere más oportuno y conveniente» agregó Schmidt a este diario.
Con una superficie de 360.000 kilómetros cuadrados, la del Desaguadero-Salado-Chadileuvú-Curacó es la cuenca más grande del país e incluye a las provincias de Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, Neuquén, Río Negro y Buenos Aires, y al Estado nacional. «La pretensión de La Pampa es que antes de construir cualquier represa en un río, se realice un estudio de cuenca» para determinar sus posibles efectos sobre la región, concluyó Schmidt.

Esperando por El Tambolar
Las autoridades pampeanas también aguardan novedades sobre el proceso abierto ante la Corte Suprema de Justicia, por el amparo presentado para exigir la paralización del dique «El Tambolar», proyectado sobre el río San Juan. Al igual que con El Baqueano y Portezuelo del Viento en Mendoza, nuestra provincia reclamó la realización de estudios de impacto ambiental y audiencias públicas antes de iniciar la construcción de esta obra.
Hace tres meses, la Corte pidió a la provincia de San Juan y al Estado nacional que informen y aporten documentación respaldatoria sobre todas las actuaciones administrativas referidas a la ejecución de la obra, con especial atención a «distintos aspectos ambientales» del emprendimiento.
La Pampa sostiene que el río San Juan integra la Cuenca del Desaguadero pero esa provincia lo niega, argumentando que su curso nace y muere en territorio sanjuanino por lo que «no hay conflicto interjurisdiccional. La construcción del dique no afecta ningún curso de agua hacia suelo pampeano ni la llamada Cuenca del Desaguadero», aseguró el fiscal de Estado de San Juan, Jorge Alvo.
Aunque San Juan sigue negándose a integrar el comité de cuenca («el Desaguadero no es ninguna cuenca», argumentan), la Corte ya requirió que informe todas las actuaciones «relativas a los aspectos vinculados con instrumentos de gestión ambiental en relación a la Cuenca del Río Desaguadero-Salado-Chadileuvú-Curacó-Colorado», y en particular «las instancias de participación pública vinculadas con el proyecto, acompañando la documentación» correspondiente.