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Abusos en el Jardín: los fiscales pidieron la elevación a juicio por 6 casos
23/12/15 – 25 de Mayo – Los fiscales Juan Bautista Mendez y Jorge Marcelo Amado pidieron este miércoles la elevación a juicio de los cuatro acusados por abusos sexuales en el jardín de 25 de Mayo. Los funcionarios judiciales consideraron que está cerrada la investigación en torno a seis niños y pidieron desdoblar la causa en un segundo expediente, por 31 denuncias más, que serían ventiladas en un segundo juicio oral.
Los fiscales hicieron este pedido durante una audiencia en los tribunales de Acha, ante el juez de Control, Héctor Freigedo. El magistrado, por otra parte, rechazó un pedido de sobreseimiento formulado por el abogado defensor de tres de los imputados, Omar Gebruers. La audiencia fue seguida en un clima de tensión por un grupo de padres de las víctimas. Durante el trámite judicial, además, el juez dispuso tres indagatorias para el principal acusado y las dos maestras por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La principal novedad de la jornada fue que los fiscales Amado y Méndez consideraron que la investigación está terminada en el caso de seis víctimas. Plantearon que hay certezas de que se cometió el delito de abuso sexual gravemente ultrajante, uno de ellos agravado por serio daño de la salud de la víctima. Como prueba mencionaron estudios médicos que establecen que los chicos tenían lesiones compatibles con acceso carnal y pericias sicológicas que detectaron el síndrome de niño abusado.
Entre los imputados, el profesor de educación física que prestaba servicios como administrativo en la Coordinación de Nivel Secundario, fue acusado por los fiscales Juan Bautista Méndez y Jorge Amado de seis casos de abuso sexual, en uno de ellos junto al cuarto detenido, el ex rector del Colegio Alfageme. A su vez, la maestra jardinera del turno mañana fue imputada por cinco casos y la del turno tarde, por uno.
La novedad fue que a las docentes les achacaron también el delito de «incumplimiento de los deberes de funcionario público». Para los fiscales, que las docentes hayan sido partícipes en los casos cuando eran las responsables de los niños y niñas que asistían a esa sala del JIN 12, agravaba su situación judicial.
El juez de Control, Héctor Freigedo, dispuso que las partes tienen un plazo de seis días para opinar. De todos modos, el abogado querellante de las familias, Armando Agüero, anticipó que comparte el pedido de elevación a juicio, aunque aclaró que una de las víctimas reclamará que la acusación sea más grave aún, corrupción de menores. La otra abogada querellante es Vanesa Ranocchia Ongaro.
En febrero el juez podría disponer la elevación a juicio. En ese caso, la Oficinal Judicial tendrá que disponer la fecha del juicio oral. El expediente de desdoblaría: por un lado, seis denuncias irían a debate, por el otro, 31 continuarán investigándose.
Cabe recordar que en la causa hay cuatro personas detenidas. El caso explotó en mayo, cuando los padres comenzaron a denunciar abusos en el jardín de infantes de 25 de Mayo.Desde un primer momento, quedó detenido como principal imputado el profesor Marcelo Tatavitto, un docente que cumplía tareas administrativas en el mismo edificio en el cual funciona el jardín. También fueron detenidas las dos docentes de la salita, María José Tello y Gabriela Bastías, por su presunta complicidad. Ambas cumplen arrestos domiciliarios en Santa Rosa. Con el avance de las pesquisas, se sumó una cuarta detención: la de Oscar López, que primero había sido separado de su cargo de director de un secundario -se sospecha que intentó borrar pruebas- y luego quedó imputado también porque fue mencionado por algunos de los niños en las declaraciones en cámara Gesell. Cumple prisión preventiva con arresto domiciliario por una discapacidad en una de sus piernas, asistido por los abogados Juan Veneri y César Rodríguez.
Entre las pruebas que comprometen a los imputados, hay secuelas físicas compatibles con abusos en algunos de los niños y también declaraciones de los pequeños en Cámara Gesell, que los fiscales y las querellas interpretan como indicios del delito denunciado. También declaró un testigo de identidad reservada que respaldó la versión de que el principal acusado sacaba a los niños del edificio del JIN Nº 12 en horario escolar. La acusación sostiene que los llevaba a una quinta de su propiedad, escenario de los supuestos abusos.