El Ex Intendente Bravo otra vez a juicio
Este jueves a las 8 horas comenzará el juicio oral contra el ex intendente y actual concejal de 25 de Mayo, David Bravo, acusado de «abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, en concurso ideal con peculado», en el marco de la denuncia de tres concejales que lo acusaron de desviar fondos municipales a la cooperativa de esa localidad.
Las audiencias de debate continuarán el viernes y el lunes siguiente. El proceso se desarrollará en la Sala de Audiencias 7 de la Ciudad Judicial de Santa Rosa. Las audiencias se extenderán hasta el mediodía durante lsa tres jornadas.
El Tribunal Oral está integrado por los jueces Daniel Andrés Sáenz Zamora, Alejandra Flavia Ongaro y Raúl Adrián Miguez Martin. La acusación la llevará adelante el fiscal Alejandro Sebastián Mendiara. En tanto, el acusado tendrá al abogado Hernán Jorge Danzi, y el asesor letrado de los querellantes será tarea de Guillermo Galcerán.
En el juicio se ventilará una denuncia que en 2012 hicieron tres ediles del Partido Justicialista por «abuso de autoridad», pero la fiscalía sumó la acusación de «violación de los deberes de funcionario público en concurso ideal con peculado».
Aquel año, Bravo, por el Movimiento Popular Veinticinqueño, ejercía la intendencia. Los tres concejales de la oposición (PJ), Ricardo Poyo, María Pineda y José Bustos, denunciaron que el Concejo, donde el MPV tenía mayoría, había aprobado una ordenanza que derivaba a la Coospu los fondos de las regalías petroleras.
Los denunciantes sostuvieron que la sanción era irregular porque no tenía la mayoría especial que eran 6 votos. Además, advirtieron que la ordenanza también contradecía la misma ley al permitir el uso de fondos públicos, en connivencia con los directivos de esa entidad de servicios, sin que se ejerza el control desde la institución correspondiente, el Concejo Deliberante.
Hasta ahora Bravo tiene dos condenas sobre sus espaldas. En 2013, lo condenaron a siete meses de prisión en suspenso y 14 meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos por el delito de «abuso de autoridad», al haber habilitado un cabaret.
A principios del año pasado, también fue condenado por trata de personas y facilitamiento de la prostitución. Le aplicaron cinco años de prisión, por ser partícipe necesario del delito de «trata de personas cometido en perjuicio de más de tres víctimas en la modalidad de acogimiento de mujeres mayores de 18 años mediando abuso de su situación de vulnerabilidad, con fines de explotación sexual, mediante el facilitamiento y obtención de provecho económico de su comercio sexual». El fallo fue apelado.
