Milei llena de peajes las rutas pampeanas: un nuevo costo para la producción y las familias

El Gobierno de Javier Milei avanza con su plan para llenar de peajes las rutas nacionales que atraviesan La Pampa. A la concesión de la Ruta 5, donde está prevista una estación de cobro entre Catriló y Lonquimay, ahora se suma la decisión de incorporar otros cuatro corredores al sistema de explotación privada: las rutas 22, 35, 151 y 152. La medida amenaza con generar nuevos costos para la producción y el comercio, pero también para miles de pampeanos que utilizan esos caminos para trabajar, estudiar, atenderse por cuestiones de salud o visitar a sus familiares.

La decisión fue oficializada mediante el Decreto 1358/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo. La normativa incorpora nuevos corredores a la Red Federal de Concesiones, mediante la cual empresas privadas podrán hacerse cargo de la explotación, reparación y mantenimiento de las rutas a cambio del cobro de peajes.

Las cuatro rutas incluidas tienen una importancia estratégica para La Pampa. La 35 es uno de los principales ejes de comunicación de norte a sur, mientras que las 22, 151 y 152 son fundamentales para la vinculación con la Patagonia y el transporte de mercaderías, combustibles y pasajeros. Algunas de ellas, especialmente las rutas 151 y 152, presentan un marcado deterioro por la falta de mantenimiento nacional.

La Ruta 5, el antecedente

El avance del sistema de peajes ya tiene un antecedente concreto en La Pampa. El Gobierno nacional concesionó la Ruta 5, cuya explotación quedó a cargo de la empresa Corredor Vial 5 S.A.U., bajo el nombre comercial Pentavía. La concesión comprende unos 547 kilómetros entre Luján y Santa Rosa e incluye una nueva estación de cobro prevista entre Catriló y Lonquimay.

A ese escenario se agrega la Ruta Nacional 188, donde también se proyecta instalar un peaje en Bernardo Larroudé, en el norte provincial, como parte de otra concesión nacional.

El impacto económico podría extenderse a toda la actividad provincial. Los peajes representarán un gasto adicional para los camiones que transportan cereales, hacienda, combustibles, alimentos y productos industriales. Ese incremento de los costos logísticos podría trasladarse a los precios finales y terminar afectando a los consumidores.

Pero la medida no perjudicará solamente a la producción y al comercio. También alcanzará a los automovilistas particulares que utilizan las rutas para trasladarse entre localidades por razones laborales, de salud, estudio o cuestiones familiares.

La diferencia con La Pampa

El esquema nacional marca una diferencia sustancial con el proyecto de peaje presentado por el Gobierno de Sergio Ziliotto en la Legislatura provincial. La iniciativa pampeana establece expresamente que los vehículos radicados en La Pampa estarán exceptuados del pago, bajo el criterio de que sus propietarios ya contribuyen al mantenimiento de los caminos mediante los impuestos provinciales.

Además, el proyecto provincial mantiene la administración del sistema en manos del Estado y destina la recaudación al mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura vial. En cambio, el modelo de Milei contempla concesiones privadas y no establece una excepción general para los vehículos pampeanos: todos los usuarios alcanzados por las tarifas deberán pagar.

La decisión nacional también reabre el debate sobre el financiamiento de las rutas. El Gobierno de Milei continúa recaudando el Impuesto a los Combustibles Líquidos, que contempla recursos para infraestructura vial, mientras las provincias reclaman por la falta de inversiones y el deterioro de los corredores nacionales.

El decreto establece un plazo máximo de doce meses para convocar a las licitaciones. Todavía resta definir los tramos específicos, la ubicación de las estaciones de peaje y las tarifas.

De concretarse el esquema, La Pampa quedará atravesada por una red de rutas nacionales con peajes que encarecerá tanto el transporte de mercaderías como los viajes particulares. Los pampeanos deberán pagar para circular por caminos que durante años sufrieron el deterioro y la falta de mantenimiento del propio Estado nacional.