02/03/16 – El Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda (Ipav) debió indemnizar con la suma de $100.000 a uno de los vecinos a los que les iban a «arreglar» la casa a través del Programa de Mejoramiento Barrial (Promeba), en el barrio santarroseño de Villa Germinal. Se trata de Justiniano Villar, quien con el patrocinio letrado de Néstor Adam, inició acciones judiciales a fines del año 2014. «Reclamó los daños sufridos en su vivienda en lo que en principio debió ser un mejoramiento barrial», dijo su abogado.
Luego de «infinitas visitas» al Ipav, al Ministerio de Obras Públicas, a la Municipalidad de Santa Rosa y a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas en busca de soluciones, Villar debió recurrir a la justicia para que atiendan su reclamo, expresó el letrado.
La ejecución del Promeba comenzó en el año 2011 en los barrios Zona Norte y Villa Germinal y estaba a cargo del IPAV. «En aquella oportunidad, a éste vecino le fue desmantelado el baño para hacerlo nuevo, y tal obra nunca se concretó, quedándole las instalaciones absolutamente fuera de servicio. Además de ello, se le produjeron diferentes problemas de infraestructura por la deficiencia de las obras realizadas a raíz de la utilización de mano de obra sin ningún tipo de calificación», dijo Adam.
Hoy, después de casi 5 años, el IPAV reconoció, como ejecutor del Promeba en la provincia, todos los daños producidos a este vecino y debió así indemnizarlo.
El Promeba es financiado por Nación. Las autoridades provinciales seleccionaron a los beneficiarios de los barrios Villa Germinal y Zona Norte. Pero los trabajos fueron un desastre.
El programa tuvo dos tipos de obras en Villa Germinal: las externas (veredas, asfalto, cordón cuneta, SUM) que estuvieron a cargo de Inarco, la misma empresa que dejó inconcluso el Megaestadio, y las obras internas, que fueron ejecutados por Tito Construcciones y Ulima.
Las autoridades barriales hicieron una serie de presentaciones en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA). Posteriormente, el fiscal de de ese organismo, Juan Carlos Carola, fue el que firmó la denuncia penal. No dio nombres, pero denunció a los «responsables» del Promeba. En 2014, sin embargo, la Justicia Federal archivó la denuncia.
Las objeciones de Carola a los trabajos en las viviendas por parte de las empresas Ulima y Tito Construcciones fueron las siguientes:
– Deficiencias graves en la ejecución de la obra por no haberla ejecutado las contratistas de acuerdo a las mínimas reglas del buen arte y construcción.
– Incumplimiento de las pautas establecidas en el pliego y la obra allí definida.
– Incumplimiento de los deberes de la inspección de obra, toda vez que conforme el informe pericial no se ha llevado a cabo un debido control de la situación que se evidenciaba en la obra.
– Aceptación y certificación por parte de la inspección de trabajos mal ejecutados a simple vista o directamente no ejecutados.
– Modificación en forma ilegítima de la obra definida contractualmente mediante el uso de las Actas de Consenso sin prever además la presentación de un cómputo y presupuesto ajustado indicando lo que se dejaba de hacer y/o se definía ejecutar en sustitución y los costos involucrados.
