Restan definir las fechas y el lugar en que debatirán presuntos abusos sexuales a menores de 25 de Mayo
El caso judicial por presuntos abuso sexuales y corrupción de menores que en 2015 se detectó en la localidad pampeana de de 25 de Mayo y que tiene a cuatro personas imputadas, se debatirá posiblemente en el mes de septiembre del corriente año en fechas que faltan definir, al igual que el lugar en el que se llevará adelante el importante juicio, con la intervención de 149 testigos convocados por las partes.
Fuentes vinculadas al caso le indicaron a La Reforma que posiblemente durante la presente semana se fijen las fechas de audiencia y también se defina si el debate por siete, de más de treinta hechos denunciados, se desarrolla en la localidad de 25 de Mayo, como pretenden la Fiscalía y las querellas que representa a familiares de las supuestas víctimas; o en la ciudad de Santa Rosa, como requirieron las defensas de los acusados.
Acordada
En tal sentido las fuentes apuntaron que recientemente el Superior Tribunal de Justicia de la provincia, emitió una acordada en la cual se indica que los juicios deben realizarse, en lo posible, en el lugar donde ocurrieron los hechos, para buscar el esclarecimiento de los mismos; lo que permitiría evaluar que el debate por presuntos abusos sexuales a menores de corta edad se realizaría en 25 de Mayo.
Como este diario informó en oportunidades anteriores, padres de niñas y niños que concurrían a un Jardín de Infantes Nucleados (JIN) de la mencionada localidad pampeana denunciaron que sus hijos habrían sufrido ‘abusos sexuales’ en momentos que se hallaban escolarizados, advirtiendo que las víctimas eran retiradas del establecimiento educativo y trasladadas a una chacra de 25 de Mayo, propiedad de uno de los imputados.
En tal sentido cabe recordar que el caso tiene a cuatro acusados, un coordinador del JIN Nº 12 de 25 de Mayo, identificado como Marcelo Tatavitto, las docentes María José Tello y Gabriela Bastías, y un exdirectivo docente de la localidad, identificado como Oscar López.
La investigación judicial que coordinó el juez Héctor Freigedo, quien se desempeña en los Tribunales de General Acha, incorporó un total de 37 denuncias de padres de alumnos.
La realización de entrevistas en Cámara Gesell y pericias forenses permitieron incorporar material probatorio de peso contra los acusados en siete hechos, que forman parte de un primer legajo que fue elevado a juicio por la Fiscalía. (Diario La Reforma)
