Más del 60% de condenas, por violencia de género y abusos

Las autoridades del Poder Judicial informaron que más del 60% de las condenas penales que se dictaron hasta noviembre en la provincia corresponden a casos de abuso, violencia hacia las mujeres y violencia familiar. El listado se completa con delitos como robo/hurto, armas, lesiones culposas, estafa, lesiones graves, homicidio, encubrimiento, entre otras

Los datos fueron dados a conocer mediante un gráfico de barras por los propios magistrados a través de un mensaje en las redes sociales oficiales del Poder Judicial de La Pampa. Las condenas fueron agrupadas, por porcentaje, dependiendo los delitos penales que se llevaron a cabo desde enero a noviembre de este año.

El 33% corresponde a abusos sexuales, le sigue violencia contra las mujeres y violencia familiar con el 29,2%. En tercer lugar se encuentran los robos/hurtos con el 17,8%, armas con el 5,4%, lesiones culposas en un 2,7%. A su vez, el 2,2% corresponden a los delitos de estafas, femicidios y homicidios, tentativa de femicidios y homicidios, lesiones graves y homicidio culposo. Con el 1,1% se encuentra el encubrimiento y «otros».

Varias lecturas.

Cabe recordar que en 2018 y 2019, el 36,% de las condenas fueron por causas que se dictaron desde las fiscalías que tienen que ver con la temática de violencia de género. A su vez, el 13,1% de las condenas totales de la provincia correspondían a abusos sexuales. Es decir, que la mitad de las condenas en ese período son también por violencia de género.

Las lecturas de estos datos estadísticos son variados y parciales porque si bien «todas las fiscalías reciben la misma cantidad de denuncias, el Código de Procedimiento, las leyes nacionales y convencionales, en causas de violencia de género, niñez y adolescencia, impiden que haya salidas distintas a un juicio», explicaron a LA ARENA fuentes oficiales.

Eso no quita que las denuncias sobre violencia de género hayan aumentado y con ello las condenas. «La Fiscalía de Delitos que Impliquen Violencia Familiar y de Género es la que cuenta con más recursos y personal porque el número de causas en trámite es mucho mayor que en otras fiscalías», precisaron.

Salidas alternativas.

En cambio, otras causas, sobre todo las de delitos económicos o de propiedad, se pueden resolver por criterios de oportunidad, como la conciliación, insignificación, suspensión de proceso a prueba o «probation», trabajo comunitario, reglas de conducta y por un sinfín de salidas alternativas que implican menos condenas. En las causas de género, no hay posibilidades de salidas alternativas, la única forma es juicio común o abreviado.

En este sentido, el diputado nacional Hernán Pérez Araujo, presentó el año pasado en la Comisión de Legislación un proyecto para modificar el Código Procesal de la Nación, que busca reglamentar la suspensión del juicio de prueba para delitos menores cometidos en contextos de violencia de género (violación de domicilio, daños, amenazas, lesiones leves) y de penas de no más de tres años. A su vez, se propone que la víctima pueda decidir en el proceso, que se acompañe un informe de riesgo de la Oficina de Violencia Doméstica y que las medidas de reparación y reglas de conducta se ajusten a las necesidades de la damnificada.

Una de las fiscalas que acompañaron esta medida fue Ana Laura Ruffini, quien había explicado: «No tenemos posibilidades de otra salida que no sea un juicio abreviado o un juicio oral y público. Desde mi trabajo en fiscalía, muchas veces me encuentro con que a las víctimas no les interesa la condena, porque me dicen ‘pero si lo condenan se va a quedar sin trabajo y yo me quedo sin la cuota alimentaria’, ‘si a él le ponen una medida, quién me trae a los chicos'» afirmó.

La fiscal subrayó: «Nos han impuesto que el agravamiento de las penas, el agravamiento de las condiciones de detención, que todo lo que significa ‘control’ es lo más efectivo. Acá resolvemos conflictos muchos más profundos. Muchas veces el imputado cumple condena sin entender que lo que cometió es un delito porque tiene una estructura cultural que no le permite ver que eso es un delito».