Un poco de justicia, en una semana de malas noticias.
Finalmente se hizo justicia. Los padres de los niños abusados en un jardín de 25 de Mayo encontraron al menos un poco de alivio al dolor y -gracias a la intensa lucha que supieron mantener- lograron que ni ciertas presiones mediáticas, ni la controvertida defensa gremial arrogada en representación de muchos (cuando en realidad era de unas pocas) y ni tampoco las bravuconadas leguleyas incidieran en el fallo que condenó a duras penas a los cuatro docentes acusados.
Ni los falócratas, ni los falsarios, ni aquellas aves de rapiña ávidas de dinero pudieron evitar que el peso de la ley cayera sobre los autores de una atrocidad que conmovió a toda una comunidad.
“Los jueces escucharon a los papás, creyeron en los relatos de los papás, los abusos sucedieron en la escuela y los abusadores son los docentes. Eso me deja la tranquilidad de que todos aquellos que manifestaron que la causa estaba armada, que era una cuestión política, tengo para decirles que no tienen ningún tipo de vergüenza”, dijo uno de los querellantes, el abogado Armando Agüero, luego de que se conociera la sentencia dictada el pasado miércoles 1º de febrero.
El profesor Marcelo Tatavitto fue condenado a 18 años de prisión por abusos sexuales gravemente ultrajantes a tres niños. Oscar Aníbal López fue condenado a siete años como autor del mismo delito, en un caso. La docente jardinera María Angélica Bastías recibió siete años de prisión por su participación en el abuso de uno de los niños y su par María José Tello fue penada a tres años y seis meses de prisión y siete de inhabilitación para ejercer, en su caso por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público por uno de los niños abusados.
Las pericias y las cámaras Gesell fueron las claves de la sentencia dictada por el Tribunal de Audiencia de la Primera Circunscripción Judicial, conformado por los jueces Gastón Boulenaz, Andrés Olié y Gabriel Tedín.
En los seis casos, los profesionales médicos intervinientes constataron que “se trató de lesiones originadas por abuso sexual, descartando otras posibles etiologías”. Aunque solo se encontró condena en tres de ellos y en los otros tres los acusados fueron absueltos por el “beneficio de la duda”.
Wenceslao Segovia, un médico forense de la Justicia Nacional, peritó a siete niños durante la investigación como psiquiatra infanto-juvenil. También fue crucial el papel de las psicólogas forenses del Poder Judicial María Virginia Carretero y María Laura Cabot.
Luego de la sentencia hubo una marcha en 25 de Mayo no solo de los familiares de las víctimas, sino también de un importante número de vecinos que siguieron de cerca el trámite judicial.
“Lo importante es que los cuatro docentes fueron condenados. Quedó probado que los hechos ocurrieron en el jardín, en la chacra y que los abusos existieron”, dijo una de las madres.
La promocionada denuncia pública sobre una supuesta filtración de la sentencia antes de la fecha prevista, dando a entender que fue redactada antes de que se escucharan los alegatos, parece -cuanto menos- vacía de contenido.
De todos modos, el Poder Judicial decidió que no quede ningún manto de sospecha: los mismos jueces Boulenaz, Olié y Tedín presentaron ante el fiscal general, Guillermo Sancho, una denuncia penal a fines de que se investigue si existió ese hecho. Si eso ocurrió, a través de terceras personas, el material fue obtenido de manera ilegal. Además, el Superior Tribunal de Justicia resolvió instruir una información sumaria, en el ámbito administrativo, por el mismo motivo para deslindar o adjudicar responsabilidades.
